lunes, 18 de abril de 2011

Cambio ¿De Gobierno o de Sistema?

CAMBIO ¿DE GOBIERNO O DE SISTEMA?
Jesús Castillo More (*)
El pueblo Peruano ha expresado en la primera vuelta electoral su exigencia de cambio hacia un crecimiento más inclusivo y mayor equidad en la distribución del ingreso.
El cambio exigido puede darse dentro de la actual economía descentralizada de mercado preservando lo más valioso del ser humano: libertad política y económica en democracia, o puede ser un cambio que implique un desplazamiento desde la economía de mercado con propiedad privada, hacia una economía centralmente planificada al estilo socialista, donde el estado ejerza el control vertical de los medios de producción y dirija centralmente la producción y distribución de bienes y servicios. Esto significaría regresar a un sistema que ya demostró su incapacidad para mejorar el bienestar de la población, logrando como único resultado visible miseria generalizada y pérdida de libertad, como se ve en los países que aún se aferran o insisten en implantar el socialismo. Para esto, es necesario cambiar la Constitución Política o Carta Fundamental, que es un freno al poder político de las nuevas autoridades elegidas, porque es prohibitiva y establece lo que el gobierno no puede hacer y garantiza la propiedad privada y las libertades democráticas, como la libertad de prensa y derechos constitucionales de la ciudadanía.
Lo cierto es que en el mundo de hoy, la teoría y la práctica indican que para elevar el nivel de vida de la población excluida, es indispensable crecer para aumentar el tamaño de la producción por persona, lo que a su vez requiere de inversión en capital físico y humano por parte del sector privado o del Estado.
En el caso Peruano, el grueso de la inversión actualmente es privada, la misma que ha venido creciendo a un ritmo que ha permitido altas tasas de crecimiento económico en la última década.
El crecimiento no se ha reflejado en mayores salarios reales o poder adquisitivo, pero si en mayor empleo, lo que ha permitido reducir la pobreza y los índices de desnutrición infantil aunque no en lo deseable, como muestran los resultados electorales.
Las expectativas de los empresarios respecto al futuro juegan un rol determinante en sus decisiones de inversión, pues la rentabilidad depende de los rendimientos esperados a lo largo de la vida útil de los proyectos. Si sus expectativas son optimistas habrá más rentabilidad esperada, más inversión, más empleo y más producción, pero si son pesimistas, habrá todo lo contrario.
La inversión estatal requiere la estatización de los medios de producción y la experiencia muestra la incapacidad del estado para un manejo eficiente de la inversión estatal y su crecimiento. No se trata de entrar a redistribuir por un corto tiempo sino para toda la vida, con visión de Estadista. De nada serviría que la justicia social sea flor de un día y encaminar al país al estancamiento o retroceso.
La Teoría macroeconómica de largo plazo estudia las fuentes del crecimiento económico, que es necesario mantener vigentes para que éste prosiga, y la política económica de largo plazo estudia los determinantes del desarrollo económico, que se refiere a la eliminación de la desnutrición infantil que haga posible la formación de capital humano, infraestructura, agua potable, electricidad, innovación, economías externas y rendimientos crecientes que hacen que la población aumente su potencialidad para extender sus capacidades y participar directamente como actores del crecimiento económico y su distribución, haciendo que crecimiento y desarrollo vayan de la mano.
Este es el objetivo de fondo exigido por el pueblo peruano, para lo cual no es necesario sacrificar la libertad económica y política posibilitada por la economía de mercado, pero si es indispensable iniciar una intervención del estado orientada a maximizar el bienestar social, mediante la eliminación de la corrupción, seguridad ciudadana, infraestructura, luz y agua potable, preservación ambiental, regulación de los monopolios y una drástica reforma tributaria, que sin ahuyentar la inversión nacional o extranjera, signifique una elevación de la recaudación, mediante mayores impuestos a las ganancias extraordinarias de la minería y explotación minera, propiedad predial y a la riqueza, para realizar cambios significativos percibidos por la población en la distribución del ingreso mediante políticas de corto y largo plazo, orientadas a generar empleo productivo mejor remunerado, disminución drástica de la desnutrición y anemia infantil, educación y salud de calidad y erradicación de la pobreza extrema mediante programas sociales más efectivos, lo que solo es posible con capacidad y honestidad. Esta es la tarea urgente del nuevo gobierno (o sistema). El elector (y los candidatos) tienen la palabra y la decisión.
(*) Docente Universitario UDL.